En coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los diputados Martín Sabatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas presentaron un proyecto de ley para legalizar el aborto.
La bancada que encabeza Martín Sabbatella presentó esta iniciativa que contempla legalizar el aborto hasta la semana catorce de embarazo, tal como lo prevé la nueva norma que recientemente fue aprobada en España.
Al respecto, los diputados coincidieron en recalcar que resulta imprescindible que la legalización del aborto se instale definitivamente en la agenda del Congreso durante 2010.
Asimismo, en un comunicado recordaron que “venimos trabajando desde hace tiempo esta temática, consultando opiniones de especialistas y de numerosas organizaciones de la sociedad civil”.
También puntualizaron que es preciso dinamizar las iniciativas existentes sobre este tema, reforzando los consensos y fueron contundentes al señalar que si este proyecto se transforma en ley, “estaremos dando un gran paso respecto de los derechos humanos de las mujeres”.
De acuerdo a los datos que posee el Ministerio de Salud, en nuestro país se producen alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año y esta práctica es una de las principales causas de mortalidad materna. A raíz de esta situación, ingresan a los hospitales públicos 68.000 mujeres con complicaciones posaborto, de las que casi un centenar muere por año. Muchos de estos fallecimientos se evitarían si las mujeres tuvieran mayor acceso a la información sobre un aborto seguro.
Vale mencionar que, durante los últimos 25 años, se presentaron en nuestro país alrededor de cincuenta iniciativas vinculadas a la legalización del aborto, pero ninguna prosperó.
Apoyo de la CTA
Por su parte, la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA hizo público su apoyo al derecho al aborto terapéutico de la niña de quince años embarazada producto de la violación de su padrastro en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Asimismo, denunció el accionar ilegal de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad que negó que la niña pueda interrumpir el embarazo tal como lo contempla la legislación vigente, con lo que, señala la CTA, también se le impidió a la nena el acceso al derecho a un aborto seguro, lo que puso en riesgo su vida y salud mental.
“Hay suficiente jurisprudencia en varias provincias que ratifican que el aborto no punible no requiere intervención judicial y que los servicios públicos de salud deben garantizarlo como deber y es obligación del Estado”, puntualizó la titular de la Secretaría, Alejandra Angriman, y aseveró que es increíble que haya equipos de salud que sigan judicializando este tipo de casos “incumpliendo con el artículo 86 del Código Penal y con la Guía Técnica de Atención de Abortos no punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación”.
Y enfatizó que “desde la CTA tenemos un compromiso por la vida de nuestro pueblo y una bandera de lucha que va a las raíces de este tipo de injusticias: construir entre todas las compañeras y compañeros un país con igualdad social, soberanía popular y más democracia en el marco de un buen vivir, donde el derecho a la salud de nuestro pueblo sea integral, gratuito, universal, tanto para varones como mujeres, garantizado por el Estado”.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, por unanimidad, avaló el pedido de la adolescente de quince años para interrumpir un embarazo. El fallo revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había negado la autorización y encuadró el caso como un aborto no punible contemplado en el inciso 2 del Código Penal. De este modo confirmó que cualquier mujer, no sólo aquellas con discapacidad mental, tienen el derecho a terminar con una gestación fruto de una violación.
A frenar la violencia contra las mujeres
El lunes 8 de marzo en distintas provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el lanzamiento de una campaña nacional que se realiza bajo la consigna Violencia contra las Mujeres-La inseguridad de la que nadie habla.En este marco, se prevé que se efectúen marchas a las legislaturas de diferentes provincias para exigir la adecuación a la nueva ley de protección integral que tiende a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que fuera aprobada en abril de 2009 y aún no se reglamentó.
Por tal motivo, el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, la movilización se dirigió hacia la Jefatura de Gobierno, donde las manifestantes exigieron que se implementen políticas públicas que contemplen la problemática de género, al tiempo que denunciaron la comisión de feminicidios que tienen lugar en la Ciudad.
