El proyecto se asemeja más al de un modelo electoral de democracias restringidas que a un modelo coherente con las experiencias en curso en la región. El Partido se dispone a desarrollar una campaña crítica, operativa y unitaria para modificarlo.
El Proyecto de Ley de Reforma Política presentado por la presidenta Cristina Fernández la semana pasada, abarca en sus disposiciones tanto a la ley de Partidos como el financiamiento y el régimen electoral.
Roberto Vallarino, de la Comisión Política del PC, sostuvo que “el proyecto evidencia el objetivo de concentrar en las fuerzas del sistema y algo más, a la representación política electoral. Del texto del proyecto se deduce que de los treinta y tres partidos nacionales, teniendo en cuenta que no se habla de preexistencia, podrían atenerse al nuevo encuadramiento unos pocos de esos partidos”.
Los requerimientos que establece el proyecto para las elecciones primarias o internas, tienden a liquidar la participación de numerosas fuerzas políticas y hasta se introduce inadmisiblemente en las cartas orgánicas de los mismos, tendiendo a la liquidación de su independencia, cuando la lógica debe ser la de una mínima ingerencia del Estado en la vida interna de los partidos políticos.
Recuerda Vallarino que “con la acción conjunta de numerosos partidos políticos nacionales se había logrado eliminar el artículo 40 de la ley 23298 de caducidad de las personerías si no se lograba el piso del 2%. Ahora se pone esa condición con un piso del 3% del padrón, lo que indica un propósito más limitativo aún”.
Siendo que los partidos políticos son expresión de las necesidades, ideas y programas de clases y capas sociales determinadas, su función en las sociedades no es tan solo la de administradores, tal como es el papel que se les asigna en los sistemas burgueses.
El proyecto actual se asemeja más al de un modelo electoral de democracias restringidas, que a un modelo coherente con las experiencias en curso en la región.
Una ley como la que se propugna, tiende a poner límites a las funciones partidarias, lo que viola las garantías constitucionales.
Las consideraciones del proyecto más bien expresan la intención de garantizar un paquete de seguridad jurídica que le permita al sistema la gobernabilidad y una superación con fórceps de la crisis de representación política, tendiendo a una alternancia bipartidista.
Se plantea por lo tanto la necesidad de coordinar convocatorias comunes de rechazo al proyecto para que no se apruebe tal como está, porque de ese modo se estaría eliminando el derecho constitucional de elegir y ser elegidos.
Dado que para su aprobación se requiere una mayoría especial, mitad más uno del total de las Cámaras de Diputados y Senadores, se necesitan 129 y 37 votos respectivamente, el resultado se obtendría con acuerdo de los dos partidos mayoritarios, facilitando una vez más el juego bipartidista.
Por esa razón, distintas fuerzas de izquierda y centroizquierda se convocan en encuentros de análisis para actuar en común en el rechazo al proyecto e impedir que se apruebe tal como está.
El PC se dispone a desarrollar una campaña crítica, operativa y unitaria para modificarlo.
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